Proceso constitucional y rol del Estado

En una entrevista con este diario publicada ayer, la presidenta de Evópoli, candidata al Consejo Constituyente por la RM, habló del rol que le cabe al Estado -tema álgido en el debate del proyecto constitucional rechazado - y mencionó que su colectividad cree “en un Estado subsidiario activo, es decir, que no solo entra cuando no pueden entrar los privados, sino cuando hay que resguardar el interés de las personas”.

La noción de Estado subsidiario ha sido, lamentablemente, con frecuencia caricaturizada, dando a entender que se trata de un concepto en extremo minimalista, casi prescindente de participación estatal, que cede a los privados -para que estos lucren, por ejemplo- responsabilidades que deberían permanecer en el ámbito público (justamente igualar “público” con “estatal” es parte del problema). Por otro lado, no sólo y no siempre es el Estado el que mejor sabe “cuando hay que resguardar el interés de las personas”.

Cualquier enfoque innovador al respecto pasa por modernizar y profesionalizar al Estado chileno, aspecto clave que suele omitirse.

Como sea, es sin duda apropiado plantear esta discusión, atendidas las capacidades que tiene el Estado chileno, más bien limitadas en términos de la calidad de muchos de los bienes públicos que entrega, como seguridad, educación o salud, por ejemplo. Esto es, no sólo abordar en términos teóricos lo que el Estado “debe” hacer, sino lo que en términos prácticos “puede” hacer. Asimismo, deben considerarse las características intrínsecas de nuestra sociedad, que muestra una preferencia consistente por las soluciones mixtas más que servicios entregados sólo por el Estado.

Algunas experiencias, como la de Suecia, sugieren que el Estado puede abrir espacios amplios a los privados para que ellos provean ciertos servicios públicos, liberando al Estado para focalizar sus energías y recursos limitados en los problemas más acuciantes y en los grupos de la población o territorios que más lo necesitan, pero rindiendo cuenta de ello al propio Estado y siguiendo sus lineamientos. A menudo se entiende que esta “alianza público-privada” sólo es viable con fondos fiscales -en la práctica, una subcontratación-, pero no tiene por qué ser necesariamente así, o al menos no en su totalidad.

Es claro, sin embargo, que cualquier enfoque innovador en esta materia pasa por modernizar y profesionalizar al Estado chileno, un aspecto clave que suele omitirse. Este desafío es más político que técnico, pero ponerlo en tabla podría ser un aporte muy valioso del proceso constitucional.